La vicealcaldesa y secretaria general de Sí Cartagena ha señalado todas las irregularidades en las que ha incurrido la empresa concesionaria por las que ha sido sancionada con más de 1,5 millones de euros
El Pleno municipal de Cartagena ha aprobado esta mañana cuantificar las cantidades abonadas a Lhicarsa de forma indebida, así como las no percibidas, con los votos a favor de los concejales de Gobierno y compañeros de Sí Cartagena, Ana Belén Castejón, Juan Pedro Torralba, Alejandra Gutiérrez, David Martínez Noguera, Irene Ruiz y Mercedes García.
Durante su intervención, Castejón ha afirmado que «si pudiera rescatar la concesión ahora mismo, lo haría, pero ustedes saben igual que yo que es absolutamente inviable porque, en este preciso momento, condenaríamos al Ayuntamiento a la bancarrota».
Asimismo, la vicealcaldesa ha recordado que las únicas sanciones que le han sido impuestas a Lhicarsa por los incumplimientos e irregularidades han tenido lugar siendo ella alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena. «A pesar de que el contrato está blindado, de 2017 a 2021 nosotros fuimos capaces de fiscalizar e imponer a la empresa 3 multas, una de ellas por más de 1,5 millones de euros, y llevar a cabo la separación de medios materiales y humanos de FCC y de Lhicarsa, evitando así el correspondiente sobrecoste para las arcas municipales», ha indicado.
Desde el punto de vista de Sí Cartagena, el Pleno municipal de hoy ha servido para dar voz a los ciudadanos que protestan por la suciedad de las calles y espacios públicos. «Porque tienen razón, el municipio está sucio y todos estamos hartos de pagar para que nada cambie. Lo que queremos es que Cartagena esté limpia, como merecen los cartageneros y cartageneras», ha señalado Castejón.
En cuanto a los trabajadores, la vicealcaldesa ha hecho especial hincapié en que «los trabajadores de Lhicarsa no tienen la culpa de lo que su empresa hace y también son víctimas de un contrato obsoleto que les impide promocionar correctamente, propicia la arbitrariedad a la hora de planificar los servicios y permite despidos, a pesar de nuestra oposición».